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ANALISIS Y CONCLUSIONES DE ESTUDIO EN 9 MUNICIPIOS SOBRE APLICACIÓN LAIP
CRISTIANA CHAMORRO
En nombre de la FUNDACION VIOLETA CHAMORRO agradecemos su presencia y felicitamos a cada uno de ustedes por este esfuerzo nacional.
En particular nuestro reconocimiento al equipo de este proyecto, sus coordinadores ML Chacon, Guillermo Medrano y los 10 facilitadores de los 9 Municipios con quienes la FUNDACION ha intentado fortalecer las redes de participación ciudadana y contribuir a una cultura de transparencia desde el ejercicio pleno de su ciudadanía poniendo en práctica la aplicación de la Ley de Acceso a Información Publica.
En este esfuerzo agradecemos también el apoyo y la confianza del Fondo Común para la Gobernabilidad Democrática y la Unión Europea.
Asimismo destacamos el papel de los 95 voluntarios ciudadanos de los diferentes municipios que se sumaron a esta iniciativa de contribuir a la consolidación de la democracia y la gobernabilidad ejerciendo su derecho a saber sobre temas de interés público y de sus comunidades en Managua, Jinotepe, Diriamba, Rivas, Leon, Matagalpa, San Ramón, Matiguas y Rio Blanco.
Con este proyecto hemos logrado establecer un voluntariado democrático y una alianza con los estudiantes de teatro de la Universidad de Leon y su director Isidro Rodriguez Silva, quienes se apropiaron de la Ley de acceso a información pública y, a través del arte popular, han dado cátedra publica en los 9 municipios popularizando el tema e ilustrando a la población sobre su derecho y alcances en el ejercicio del mismo.
RESULTADOS
Este trabajo que presentamos hoy, nos ofrece una radiografía nacional de los logros alcanzados por la Ley de Acceso a Información Publica, sus obstáculos y desafíos.
Este estudio revela:
- lo que la gente quiere saber, los temas que le interesan a la población a nivel nacional.
- Nos ofrece una evaluación del conocimiento que tieneN de la Ley tanto la ciudadanía, como los funcionarios públicos a sus diferentes niveles.
- Es una medición de la voluntad política ante la Ley de Acceso a Informacion publica .
- Al mismo tiempo mide las capacidades técnicas y legales de las diferentes entidades publicas para que estas puedan cumplir con la Ley.
- Es también una evaluación del equipamiento y avance digital del estado en sus servicios al público.
- En materia de páginas web casi todas las entidades salieron aplazadas. Destaca el Ministerio de Educación que en su página web todavía registra al Ministro Castilla como jefe de la entidad.
CONOCIMIENTO
En materia de conocimiento nuestro diagnostico confirma que la Fundacion ha logrado introducir el tema a nivel nacional.
La participación de 95 ciudadanos voluntarios en 9 municipios, no es casualidad sino apropiación ciudadana de la Ley.
Llama la atención que de esos 95 ciudadanos solamente 17 eran periodistas lo cual tiene dos mensajes, uno positivo y otro no tanto.
El primero es que los ciudadanos han comenzado a valorar su derecho a saber, como un derecho fundamental para el mejoramiento de la calidad de sus vidas comunitarias. No ven la información pública únicamente como patrimonio de los periodistas en el cumplimiento de su oficio.
El lado negativo de este hallazgo es que los periodistas no se han puesto a la vanguardia en el uso de esta Ley. Es lamentable porque es una herramienta fundamental para dicha profesión.
Algunos periodistas mostraron miedo en el ejercicio. Por ejemplo de cinco periodistas en Matagalpa que hicieron solicitudes de información, cuatro se echaron para atrás aparentemente por presiones. Uno de ellos hizo la solicitud y mientras esperaba respuesta, una entidad gubernamental le devolvió una pauta publicitaria comprando así su silencio.
Es preciso anotar que con lo ocurrido en Matagalpa, no podemos generalizar. Por ejemplo en Jinotepe los 6 periodistas que participaron en el ejercicio se destacaron entre un total de diez ciudadanos que en esa localidad decidió probar su derecho a saber.
Lo que si llamo nuestra atención, es que los periodistas solo participaron en 3 de los 9 Municipios del monitoreo: únicamente en Matagalpa, Jinotepe y Leon.
QUE ES LO QUE LA GENTE QUIERE SABER
Otro hallazgo importante en esta investigación es que nos ofrece una aproximación de lo que la gente quiere saber. No voy a repetir todos los intereses a los que apuntaron las solicitudes de información, pero si señalar que son principalmente comunales, de servicios que deben brindar la Alcaldías y entidades gubernamentales que tienen que ver con salud, educación, seguridad, vivienda, agua adoquinados etc. Información que no es sobre la vida privada de ningún funcionario, sino de interés y derecho comunitario que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de todos.
VOLUNTAD POLITICA
En el Estado encontramos falta de voluntad política para responder a esta Ley, con algunas excepciones que vale la pena anotar.
Observamos excepciones en las Alcaldías y entidades que por su naturaleza tienen más autonomía del gobierno central, como son la policía y el ejercito
Sin embargo, en estas instituciones a nivel de mandos inferiores existe un desconocimiento total de la Ley y de la obligación que tienen con el público funcionarios. Lo grave es que son los que están en contacto directo con el ciudadano.
Un ejemplo es el caso del Ejército en Matagalpa. El voluntario de la FUNDACION se presento en las ofician de la delegación departamental y fue recibido por un oficial quien le pidió se identificara. Al decirle que llegaba en nombre de la FUNDACION VIOLETA CHAMORRO, el oficial le impidió pasar a la oficina del encargado y le rompió la carta de solicitud de información dirigida al Jefe del Ejército de ese departamento. Luego le dijo que lo hacía porque nuestra organización era influencia del imperialismo yanqui y que por tanto no tenía derecho a entrar en esas oficinas, ni pedir información.
El representante de la Fundacion protesto ante otro miembro del Ejército que se encontraba en el lugar. Este oficial le llamo la atención al soldado y a la vez pidió al solicitante que hiciera nuevamente por escrito su solicitud para canalizarla a los mandos superiores.
Al día siguiente el voluntario se presento nuevamente con su solicitud, la cual fue recibida y sellada. Sin embargo, no obtuvo respuesta y se le aplico el silencio administrativo.
El solicitante se desmotivo y no pudo seguir adelante por razones de costo de combustible dado que las oficinas del Ejercito quedan fuera del perímetro de la ciudad de Matagalpa.
El otro ejemplo es el de la Policía Nacional que en todos los municipios entrego la información solicitada con mucho detalle. En el caso de Managua nuestra voluntaria fue atendida por una oficial que desconocía la Ley, pero esta insistió y paso a la directora de Divulgación de la Policía quien si tenía conocimiento.
La Divulgadora recibió la solicitud con firma y sello, posteriormente conforme al tiempo establecido por la Ley, la información fue entregada por vía electrónica. Cabe destacar que los miembros de la policía han estado siempre presente en las capacitaciones que la Fundacion Violeta Chamorro ha realizado en los 9 municipios sobre las obligaciones y responsabilidades que todos tenemos ante la Ley de Acceso a Información Pública.
Junto con la Policía y el Ejército observamos que las Alcaldías respondieron con más autonomía s que los ministerios y entes autónomos dependientes del gobierno central.
En el Municipio de San Ramón, los ciudadanos que participaron en el ejercicio, líderes de barrios y comunidades, no tuvieron ninguna dificultad al presentar sus demandas de información excepto las dirigidas a INAA sobre los beneficiarios de la bomba de agua.
En esta entidad, la delegada manifestó miedo de brindar información, además desconocía la Ley. Las otras siete solicitudes recibieron respuesta conforme Ley, sin interrogatorios.
Contrario a San Ramón, pero siempre en el Departamento de Matagalpa las entidades del Magfor, Mined, Minsa, Enacal y Dgi de los municipios Matiguas y Rio Blanco, se negaron a recibir solicitudes. En la propia Matagalpa además del incidente con el Ejército, nuestra voluntaria estudiante de derecho fue corrida del Minsa por el propio subdirector del Silais, quien le dijo que no volviera a llegar a esas oficinas y que no le entregaría nada. El funcionario a los pocos días paso a ser Director del Hospital Regional de Matagalpa.
Las Alcaldías de Leon y Jinotepe también demostraron cumplimiento. Ambas recibieron la solicitud y entregaron la información hasta en digital de acuerdo a lo establecido por la Ley. Mientras, en esos mismos departamentos las instituciones del Estado no reconocieron este derecho ciudadano.
En el MINSA de Leon el funcionario que atendió a nuestro voluntario le dijo que no tenía tiempo de recibir solicitudes, menos de entregar información pues ese día tenia ordenes de asistir a una concentración del Presidente de la Republica.
El del MINED decidió discriminar por razones de edad a un voluntario de 70 anos. El funcionario le dijo que no creía que él hubiese llenado una solicitud y que no concebía para que una persona de su edad quisiera esa información.
Las instituciones de Jinotepe, Minsa, MTI y Magfor , fueron tres excepciones en este estudio. Todas entregaron la información en tiempo y forma. En el caso del bono productivo lo hicieron hasta con fotografías pues era de interés del funcionario público promocionar las actividades del programa.
Por el contrario, la DGI de esa localidad se negó rotundamente a entregar el monto recaudado en el 2010. Le dijeron al voluntario que no darían información a instituciones de la derecha que el único objetivo es desestabilizar al gobierno.
ESTADO DEFICIENTE EN SU APLICACION
El Estado no tiene una política de renovación digital, lo cual implica que tiene muy poca información de interés ciudadano en línea.
Por otra parte, el desconocimiento de la ley en la mayoría de los funcionarios intermedios hace que las mismas instituciones se contradigan entre unos y otros como fue el caso de Marena en Matagalpa. El delegado le dijo a nuestro voluntario que debía remitirse a la Sede Central en Managua y aquí que regresara a Matagalpa. Nuestra representante se presento nuevamente en el Marena de ese departamento pero nunca consiguió volver a ser atendida.
Igualmente sucedió con la información solicitada al Instituto nacional Eliseo Picado, el voluntario de la Fundacion fue remitido a la Delegación del Ministerio de Educación, pero su solicitud nunca fue atendida.
ALGUNAS CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
-Se ha logrado una apropiación popular de la Ley, lo vemos con los voluntarios ciudadanos, con las solicitudes logradas y la participación de estudiantes interpretando la Ley a través del arte.
-La ley es del conocimiento nacional, la investigación realizada en 9 Municipios con los resultados aquí expuestos así lo demuestra.
A casi cuatro años de su aprobación, en todos los Municipios priorizados por este proyecto hay conocimiento de la misma y ha sido utilizada por la ciudadanía.
--Existe falta de voluntad política en la aplicación de esta Ley. Hay funcionarios y entidades que conocen la Ley y tienden a aplicarla. Sin embargo, no cuentan con el apoyo institucional que se requiere.
Mayoria de Alcaldias no cuentan con oficinas de Acceso a Informacion Publica
Esta Ley es víctima de la cultura del miedo que este gobierno intenta institucionalizar y que nosotros combatir:
Por un lado vimos periodistas echándose para atrás y funcionarias que por miedo no brindaron la información.
Las 38 respuestas recibidas de 95 solicitudes se entregaron de forma gratuita.
Entre mas pequeño y lejano el Municipio mayor cumplimiento. Ej. San ramón Vs Managua
SUGERENCIAS
Hacer un llamado al periodismo nacional a utilizar con mayor precisión esta Ley y denunciar cuando sea violada.
Invitar a los abogados de los distintos municipios a brindar voluntariamente asesorías jurídicas y orientación en el ejercicio de esta Ley.
Promover competencia entre Municipios de aquellos que mas usan esta Ley y logran información de beneficio para sus comunidades.
Invitar a las Universidades a impartir capacitación digital en las Alcaldias y entidades del gobierno para actualizar las paginas web.
Solicitar que las instituciones del estado incluyan en su presupuesto una partida para responder la aplicación de la Ley de Acceso de información pública.
Continuar desde la sociedad civil con organizaciones como la Fundacion Violeta Chamorro tratando de consolidar este derecho fundamental, como es el derecho a saber.
